Primera Página – Agencia de Noticias –
Bogotá.- Luego de analizar en detalle el nuevo borrador de resolución que incrementa las tarifas de los peajes, publicado el pasado 28 de diciembre por el Ministerio de Transporte, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) llamó la atención sobre las consecuencias jurídicas, económicas y financieras que se materializarían en caso de que la nueva propuesta entre a regir, tal y como está redactada.
En primera instancia, según el análisis de la CCI, el proyecto de resolución desconoce el plazo máximo fijado para normalizar las tarifas de peaje. Explicó que existe una norma jurídica con efectos mandatorios y vinculantes para el ministerio de Transporte, que señala como plazo máximo para la normalización del esquema tarifario, el 31 de diciembre de 2024, lo cual se contraría en el borrador de resolución.
En segundo lugar, agrega la CCI, el proyecto de resolución causaría la pérdida de la base de la estructura tarifaria de las APP de origen público, lo cual generaría un efecto acumulativo en el tiempo que deberá compensar el Gobierno Nacional. Esto último, a su vez, provocaría un eventual detrimento del patrimonio público.
El tercer aspecto que inquieta al gremio tiene que ver con el hecho de que el proyecto de resolución desconoce los impactos marginales del rubro ‘peajes’ sobre el IPC y por ende sobre el poder adquisitivo de los usuarios de la infraestructura.
Así las cosas, de frente a tal panorama, el gremio, en cabeza de su presidente Ejecutivo, Juan Martín Caicedo, aseguró que confía en que la cartera de Transporte tome en cuenta estas consideraciones para modificar el proyecto de decreto. De esta manera, será posible garantizar la estabilidad de las concesiones viales, gracias a las cuales ha sido posible construir, operar y mantener buena parte de las carreteras del país.