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Bogotá.- La Superintendencia de Sociedades decretó la intervención bajo la medida de toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad C.I. Comercializadora y Exportadora B.C.M. S.A.S.,  e igualmente designó la funcionaria interventora para el trámite correspondiente.

La acción se fundamentó en la investigación adelantada por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), contenida en la Resolución 0823 de 23 de abril del 2024, de acuerdo con la que, la mencionada sociedad asumió obligaciones con al menos 337 personas, por una cuantía de $10.064 millones; reconociendo el pago de rentabilidades sin explicación financiera razonable y sin prever a cambio la entrega de un bien o la prestación de un servicio, configurándose los supuestos de captación previstos en el literal a) del artículo 2.18.2.1 del Decreto 1068 de 2015 y los hechos notorios de captación de que trata el artículo 6º. del Decreto 4334 de 2008.

 

La investigación concluyó que, la sociedad intervenida desarrolló dos líneas de negocio; la primera referida a la compra y venta de plátano en el mercado nacional e internacional y la segunda consistente en la vinculación de terceros asociados y/o socios ocultos; a través de contratos de cuentas en participación; entregando unos montos mínimos de $5 millones; valor que posteriormente se incrementó a la suma de $10 millones.

 

Quienes aportaban los recursos recibirían el 25% del valor entregado, cada 25 días hábiles desde el momento en el que se registraba la transferencia; el plazo de 25 días hábiles, posteriormente se extendió a 40 días hábiles.

 

Con el auto de la intervención se decretó el embargo y secuestro de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la sociedad intervenida susceptibles de ser tomados; bienes que, quedarán afectos a las devoluciones a los afectados que sean reconocidos por la agente interventora en el marco del proceso.

 

Negocio “verde”

 

Como reveló Primera Página la semana pasada, el tres de junio del 2021 se creó en Urabá la sociedad C.I. Export B.C.M, representada por Paola Borja Correa, cuya actividad principal generadora de ingresos era la compra de plátano y venta de este producto en el mercado nacional e internacional.

 

Para ello, según registró la SFC, realizaba la compra a productores de la zona y contaba “con un aliado comercial que intermedia en la venta con un comprador extranjero”.

 

A la par, la empresa desarrolló una segunda línea de negocio que tenía como principio la vinculación de terceros “asociados” y/o “socio oculto”, a través de lo que denominan un “contrato de cuentas en participación”, cuyo objeto contractual es la de recibir recursos de los suscriptores de tales contratos, con el propósito de hacerlos participes de los beneficios económicos generados por la sociedad a partir de la comercialización de plátano.

 

Bajo esta fachada, según las bases de datos suministradas, se captaron  $194.800 millones de  7.000 ciudadanos, a quienes, como se dijo se les ofreció recibir el 25% sobre el capital invertido cada 25 días hábiles, a partir de la fecha de corte registrado en su aporte.

 

Además, se encontró que C.I. Export B.C.M. para los periodos 2022 y 2023 recibió en la cuenta al menos $40.271 millones, en 926 transacciones.

 

“Así las cosas, ha quedado claro para este organismo que la sociedad tiene obligaciones con al menos 337 personas por valor de $10.064 millones, a las cuales les recibió dineros y como contraprestación se comprometió a pagar rentabilidades fijas del 25% en un plazo de 25 días hábiles, sin que se tenga comprobado dicho reconocimiento bajo una justificación financiera razonable”, explicó SuperFinanciera.