Por José Antonio Ocampo (*)

Primera Página – Agencia de Noticias –

Bogotá.-Las decisiones y declaraciones del Gobierno en las últimas semanas han generado fuertes controversias políticas. El tema más complejo ha sido, sin duda, la propuesta del presidente Petro de convocar una asamblea constituyente. Esa propuesta no tiene apoyo político fuera del Gobierno. Además, el grueso de los temas que ha propuesto el Presidente se puede manejar con leyes, incluso leyes ya existentes, y con la ejecución de programas de gobierno, como los ya incluidos en el Plan de Desarrollo. Si se necesitan reformas constitucionales, será sobre temas específicos y se podrán hacer con los mecanismos que establece la propia carta política.

Otro tema complejo ha sido la confrontación en torno a la inversión privada en infraestructura, en especial sobre posibles cambios en las vigencias futuras y reformas de la regulación de las tarifas de los servicios eléctricos. La inversión privada en estos sectores ha sido clave en las tres últimas décadas para ampliar la red de carreteras y la capacidad de generación eléctrica. Eso no hubiera sido posible con solo inversión pública.

El tercer tema crítico, que tuvo lugar durante la semana que termina, es el fracaso de la reforma de la salud, por la incapacidad del Gobierno de concertar con otros grupos políticos. A ello se agregan otros temas: la intervención de dos de las EPS más grandes del país, Sanitas y la Nueva EPS; la posible insuficiencia de la UPC, agravada por la asignación de cinco puntos porcentuales a la conformación de equipos básicos, desnaturalizando una prima que por definición no puede fragmentarse; y la acusación a las EPS de corrupción, sin fundamento.

La sospecha para muchos es que, ante el fracaso de la reforma, el Gobierno quisiera manejar directamente el sistema de salud. Eso generaría una verdadera crisis de un sistema que, cabe recordarlo, es considerado bueno por cuatro de cada cinco colombianos y garantiza la universalidad en el acceso a la salud, es decir, el derecho a la salud. Las mejorías en el sistema de atención primaria y en zonas rurales, que son preocupaciones que compartimos todos, podrían darse con ajustes al sistema, utilizando además en forma más amplia la Ley Estatutaria aprobada en 2015.

El cuarto tema es la institucionalidad cafetera. En este campo, sería un grave error sustituir a la Federación Nacional de Cafeteros por otra institución. La Federación, que está próxima a cumplir un siglo, ha prestado asistencia técnica y garantía de compra de las cosechas a más de medio millón de caficultores, el grueso de ellos pequeños productores. También ha desarrollado quizás el mejor centro de investigación de café del mundo, una red exitosa de venta de su variedad Juan Valdés y una excelente empresa de producción de café liofilizado.

Además, es el gremio del país con la estructura democrática más desarrollada, ya que cada cuatro años los caficultores eligen a los miembros de los comités municipales y departamentales, además con alta participación en el proceso respectivo. El Gobierno tiene cuatro miembros en el Comité Nacional, que es la instancia de decisiones de política para el sector y debe continuar siéndolo.

Hay otras esferas en donde la acción del gobierno es buena. Resalto en particular el manejo de la política macroeconómica, que se ha orientado a reducir los desequilibrios que el Gobierno heredó en las cuentas fiscales y la balanza de pagos, así como una inflación alta. La reducción de esos desequilibrios y el compromiso de cumplir la regla fiscal fue la política que promoví como ministro de Hacienda, que ha sido exitosa. El problema económico principal es el lento crecimiento económico, pero las perspectivas en este campo son positivas, aunque falta el lanzamiento de una verdadera política de reactivación.

El presidente debe tener como objetivo un buen Gobierno y no inmiscuir al país en la confrontación. Más bien, debe buscar construir una nueva alianza política, como la que caracterizó la fase inicial de su mandato.

(*) Ex ministro de Hacienda.