Por José Antonio Ocampo (*)

Primera Página – Agencia de Noticias –

Bogotá.- El debate nacional ha girado en la última semana en torno a la propuesta del presidente Petro de convocar una Asamblea Constituyente. Aunque inicialmente se entendió que era para sustituir la Constitución de 1991, más tarde aclaró, en una entrevista con el director de El Tiempo, que era para reformarla. El rechazo a la propuesta ha sido amplio. Me uno a ese coro.

La Constitución de 1991 fue un gran acuerdo nacional, quizás el más importante de nuestra historia. Se dio después de varios acuerdos de paz, entre ellos con el M-19, que tuvo una mayoría en la Asamblea Constituyente y uno de sus principales dirigentes, Antonio Navarro Wolff, fue uno de sus presidentes.

El carácter central del desarrollo social lo determina la frase con la cual se inicia la Constitución: “Colombia es un Estado social de derecho”. Esta carta política y la legislación que la ha desarrollado han materializado ese principio. Además, creó el mecanismo de tutela precisamente para defender dichos derechos.

Por supuesto que existen muchos vacíos y seguimos siendo una sociedad muy desigual, con alta pobreza monetaria y falta de acceso servicios sociales y públicos de una parte de la población. Pero las leyes y la ampliación del gasto social en el marco de la Constitución han generado avances en muchas dimensiones. Por eso, la pobreza multidimensional ha disminuido desde el 60% de la población en 1997, cuando se midió por primera vez, a 13%.

La necesidad de seguir avanzando en esta materia es esencial. Este es el mandato que recibió el presidente. Pero él no es el representante único del pueblo. Los congresistas electos también representan al pueblo y el Pacto Histórico no tiene el mandato mayoritario en el Congreso.

Por eso, las reformas sociales y en otras esferas públicas deben ser objeto de consensos políticos, como se logró en 1991 en la Constituyente. Se consiguió también en la única reforma del Gobierno que ha sido aprobada, la tributaria, pero no con las reformas sociales.

La Constitución contiene un mecanismo para ser reformada, que se ha utilizado en varias ocasiones, pero exige el apoyo de la mayoría de los congresistas. El Gobierno podría proponer una ley que convoque una asamblea constituyente, pero el procedimiento es prolongado y, como lo han señalado muchos analistas, sería casi seguramente un proyecto fallido.

Por lo demás, muchos de los temas a los cuales ha aludido el presidente exigen, más que reformas constitucionales, la aplicación de leyes existentes y una buena ejecución del gasto público. Por ejemplo, la Reforma Agraria se puede hacer con la Ley 160 de 1994 y el combate al cambio climático con el actual Plan de Desarrollo.

El mejor acceso a la educación y a la atención primaria en salud exige ejecutar varios programas de Gobierno. A su vez, el acceso al agua se puede lograr con inversiones en nuevos acueductos. En todos estos campos, así como en los mencionados en el párrafo anterior, el Presupuesto Nacional amplió significativamente los recursos, tanto en 2023 como en 2024.

Debo agregar que nuestra carta política determinó que la política monetaria debería ser coordinada con la política económica general. En aplicación de este principio, la Corte Constitucional ya determinó en una sentencia de 1999 que la política monetaria debe tener en cuenta sus efectos sobre el empleo y la actividad productiva, como lo propone el presidente.

En otros campos, como la Reforma Judicial o el ordenamiento territorial, pueden ser necesarias nuevas normas constitucionales, que deberán ser acordadas entonces con otros grupos políticos en el marco de las normas existentes.
Por todos estos motivos, estoy de acuerdo con Rodrigo Uprimny, quien señaló que la propuesta del presidente es “innecesaria, inoportuna, contradictoria, inviable y por todo eso es inconveniente y riesgosa”. Y estoy de acuerdo con el titular de una nota editorial de ‘El Espectador’: “Es momento de gobernar, no de Constituyente”.

(*) Ex ministro de Hacienda.