Primera Página – Agencia de Noticias –
Nueva York.- Los esfuerzos de Colombia por priorizar la transición energética bajo la administración del presidente Gustavo Petro traerán beneficios, pero también conllevan un cambio notable en las políticas que plantea riesgos para ciertas empresas públicas, advirtió recientemente Moody’s.
En ese sentido, resaltó que “las nuevas iniciativas y políticas, incluyendo cambios en los precios de la gasolina, beneficiarán a la petrolera estatal Ecopetrol (Baa3 negativa), pero mayores inversiones en gas natural, tecnologías renovables y un alejamiento gradual de la producción de petróleo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero podrían conducir a un aumento de la deuda”.
Y agregó: “Las demoras del gobierno en actualizar los ajustes tarifarios también están retrasando el crecimiento de los ingresos de algunas subsidiarias de Ecopetrol”.
También destacó que, “a medida que el Gobierno implemente su nueva agenda política, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia someterá la estrategia de negocio y de deuda de Ecopetrol a mayor supervisión”.
Y añadió: “El dominio de mercado y financiero de Ecopetrol en el sector energético de Colombia lo convierte en el motor principal de la transición del país hacia fuentes de energía más sostenibles. La petrolera también es una fuente importante de ingresos para el Gobierno”.
La agencia recordó que, “a pesar de cierta resistencia social e institucional, Colombia apunta a alcanzar cero emisiones netas para 2050 y reducir las emisiones en un 51% para 2030 con respecto a los niveles de 2019. Ecopetrol también se ha comprometido a reducir las emisiones netas de alcance uno y dos (emisiones derivadas de la producción de energía y el consumo industrial) para 2050, y las emisiones de alcance uno, dos y tres (usuarios finales indirectos) en un 50% para 2050”.
Y enfatizó: “La energía hidroeléctrica representa alrededor del 72% de la generación de energía de Colombia (2022); los combustibles fósiles, alrededor del 22%; y otras fuentes renovables —principalmente los biocombustibles—, el resto. Colombia tiene como objetivo aumentar la generación eléctrica a partir de otras fuentes renovables durante las sequías cíclicas, incluyendo El Niño en 2023-2024, pero los retrasos sociales e institucionales han frenado el desarrollo de la energía solar y eólica, incluida la infraestructura de transmisión relacionada”.
De esta forma, destacó que “Colombia también está aumentando la capacidad de importación y almacenamiento de gas natural y la generación térmica para compensar las épocas de baja energía hidroeléctrica. Ecopetrol ahora destina el 40% de su presupuesto de capital a iniciativas de reducción de emisiones, como la incorporación de líneas de transmisión a través de las subsidiaría de transmisión eléctrica Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. (ISA, Baa2 estable) y proyectos de gas natural, así como la exportación de crudo pesado”.
Y detalló: “Si bien Ecopetrol planea financiar internamente sus inversiones de capital en 2024-2026, una ayuda del Gobierno para una transición energética más rápida aumentaría la necesidad de la empresa de aumentar su deuda para mantener estas inversiones. Según el ritmo de implementación e inversiones de capital, cualquier necesidad de contraer más deuda añadiría presión a la calidad crediticia de la compañía”.
También afirmó que, “si bien Ecopetrol ha contado con suficiente efectivo disponible para mantener sus operaciones habituales, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepec) del Gobierno influye en las decisiones de la petrolera sobre el pago de dividendos y reinversiones. Históricamente, el Fepec, que el Gobierno utiliza para ayudar a limitar los cambios en los precios locales de los combustibles, ha debilitado el flujo de efectivo operativo de Ecopetrol y ha reducido su balance de efectivo”.
Sin embargo, reconoció que “el reciente ajuste del Gobierno de los precios locales de la gasolina beneficia la calidad crediticia de Ecopetrol, ya que mejora su liquidez disponible y demuestra el apoyo del Gobierno. El aumento gradual de los precios locales de la gasolina desde 2022 ha reducido la brecha con los precios de paridad de exportación y ha reducido la acumulación mensual de cuentas por cobrar del Fepec. Esta mejora beneficia la liquidez de Ecopetrol, ya que le permite a la empresa recibir efectivo directamente en lugar de aumentar sus cuentas por cobrar”.
Por su parte, advirtió que “la alta inflación ha llevado al Gobierno a retrasar algunos ajustes tarifarios de Oleoducto Central (Ocensa, Baa3 negativa), en donde Ecopetrol posee el 72.64% a través de su filial Cenit. No obstante, esperamos que Ocensa mantendrá ingresos y liquidez sólidos durante 2024 y que los ajustes tarifarios entrarán en vigencia más adelante en el año. ISA y las empresas municipales de servicios públicos, Grupo Energía Bogotá (Baa2 negativa) y Empresas Públicas de Medellín (Baa3 estable), desempeñarán un papel importante en la transición energética de Colombia”.
Y explicó: “Las tres compañías mantienen su solidez financiera, a pesar de los intentos del Gobierno de interferir en las tarifas eléctricas y los cambios regulatorios en medio de la inflación. Sin embargo, los intentos del Gobierno de interferir aún más en las tarifas eléctricas probablemente perjudiquen el desempeño financiero consolidado de las empresas en un momento de volatilidad de los mercados, inflación todavía alta y grandes necesidades de inversión para la transición energética”.
Finalmente, afirmó que “el regulador energético de Colombia anunció en octubre de 2022 que las principales empresas habían revisado y comentado los cambios regulatorios propuestos para reducir las tarifas eléctricas y los precios de la energía para los consumidores finales”.
Y remató: “En diciembre de 2022, Colombia aprobó una Ley que aumentó la carga del impuesto sobre la renta de las generadoras del país, lo que incrementó la tasa impositiva sobre las ganancias extraordinarias por la venta de activos del 10% al 15%. La ley también elimina los beneficios fiscales de una tasa impositiva más baja para las empresas de las zonas francas, que comenzarán a pagar el impuesto regular del 35%, frente al 20%”.
